Es una gran preocupación en aumento en los últimos tiempos que finalmente se puso sobre la mesa con crudeza. En la última reunión que mantuvieron representantes de las Pymes con el gobernador Axel Kicillof, los industriales dejaron en claro que el contrabando dejó de ser un problema marginal para convertirse en una amenaza directa a la continuidad de las fábricas.
Los sectores productivos de indumentaria, calzado, juguetes, electrodomésticos y aparatos eléctricos advirtieron que el mercado está saturado de productos importados ilegalmente. La queja no apunta a la venta callejera en sí misma, sino al volumen industrial de mercadería que ingresa al país sin tributar y sin controles técnicos, desplazando al producto fabricado en la provincia.
Producir con reglas desiguales
«Nuestras máquinas compiten contra contenedores que entran por la ventana», fue la síntesis del planteo industrial. Según los empresarios, mientras las pymes afrontan costos de energía, cargas sociales y normas de seguridad (como los ensayos de seguridad eléctrica obligatorios para estufas o cargadores), el contrabando ingresa productos terminados a costos viles, rompiendo cualquier ecuación de rentabilidad para la industria nacional.
La preocupación radica en que este fenómeno desincentiva la producción: cada lote de zapatillas o juguetes que entra ilegalmente implica menos horas de trabajo en las plantas fabriles del Conurbano y el interior bonaerense.
El pedido: Dinamizar la respuesta del Estado
Frente a este escenario, el reclamo de los industriales a la Provincia fue claro: necesitan que se dinamicen los aparatos judiciales y de control. No piden nuevas leyes, sino que los mecanismos existentes actúen con la velocidad que requiere la realidad comercial.
El planteo de las Pymes apunta a resolver los «cuellos de botella» que hoy garantizan la impunidad:
Justicia lenta: Critican que las órdenes de allanamiento o inspección muchas veces tardan semanas o meses en salir. Para cuando llega la orden, la mercadería ilegal ya se vendió o se trasladó.
Controles integrales: Piden una articulación más ágil entre las fuerzas de seguridad, los inspectores y la justicia para atacar los centros de distribución y depósitos, y no solo el menudeo.
Eficacia: Exigen que el Estado sea más expeditivo al momento de detectar y clausurar los canales por donde se «blanquea» esta mercadería.
